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La gravísima descomposición que vivimos en materia de seguridad pública y el terrible y doloroso saldo en vidas humanas que ha implicado la batida contra la delincuencia organizada que a manera de medida legitimadora inició el ex presidente Felipe Calderón no bien arrancó su sexenio, allá por 2006, y que con sus matices ha continuado el gobierno priista de Enrique Peña Nieto hasta hoy, ha puesto al país en la encrucijada de no ceder un ápice en esta guerra o intentar otras acciones, como han expresado diversos actores políticos y sociales, que van del regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, la legalización del consumo de narcóticos o de plano negociar con los grupos delincuenciales para frenar la sangría. ¿Qué hacer?

 

Lo que es un hecho es que más allá de los golpes a las estructuras de estos grupos con las detenciones de un gran número de sus operadores y sicarios, el problema persiste y se multiplica como un tumor canceroso que se trata de extirpar y se disemina en el cuerpo social. Se logran avances, se desarticulan células criminales y aparecen otras más sanguinarias y mejor armadas que se disputan territorios. Es el cuento de nunca acabar.


 

 

La guerra la va perdiendo el gobierno y por ello el crimen organizado pone condiciones a las administraciones para que le respeten zonas de influencia, rutas de operación, negocios de lavado de dinero, representantes o encargados del cabildeo. De los acuerdos a que se llegue depende el éxito o fracaso de las políticas de seguridad, de las acciones de combate al narcotráfico y, desde luego, el conjurar la amenaza de la violencia generalizada y de las ejecuciones. Y, ojo, esto es muy importante de cara a la elección federal del 2018 donde esa presión estará y muy fuerte sobre quienes aspiran a los cargos públicos que estarán en disputa, destacadamente la Presidencia de la República.

 

Sin duda el próximo año las campañas políticas y el debate sobre el proceso electoral estarán marcados en gran medida por el tema de la seguridad. Habrá que ver la oferta que harán los abanderados en relación a este aspecto neurálgico de la convivencia social.

 

Con todo y esa gran discusión, las propuestas que seguramente se harán, la continuación de las acciones gubernamentales en la materia, las marchas contra la violencia y la inseguridad, amén de la multiplicidad de opiniones y posturas que seguiremos leyendo y escuchando, nos llevan a la conclusión de que es urgente, más allá de operativos militares y policiacos y de promesas fallidas de campaña, como sucedió en Veracruz, impulsar una gran reflexión colectiva sobre lo que hemos dejado de hacer como sociedad para que las cosas hayan llegado al grado que hoy lamentamos.

 

La existencia de la criminalidad precisa de condiciones ambientales propicias para su establecimiento y desarrollo. Ese hábitat que le facilita las cosas se da en aquellos espacios en los que la permisividad social respecto a la ilegalidad, la laxitud en la aplicación de la norma, la vulnerabilidad del marco jurídico, el ejercicio patrimonialista del poder de quienes nos gobiernan, la corrupción, la colusión de intereses de los supuestos encargados de aplicar la ley con quienes la quebrantan, entre otros factores, dan lugar a un coctel que da por resultado la primacía de la impunidad  y con ella la indefensión absoluta del propio ciudadano.

 

El desafío de la lucha contra la inseguridad exige de todos un gran esfuerzo, porque es necesario que con la misma decisión con la que demandamos la responsabilidad de todos los órdenes y órganos de gobierno en esta lucha, asumamos la parte que nos corresponde.

 

Cuando se habla de inseguridad, casi todo mundo habla de la corrupción policíaca, de aumentar las penas, de aumentar los sueldos de los policías, de adquirir los últimos adelantos tecnológicos en materia de seguridad y más cosas, sin embargo, perdemos de vista que el problema esencial está en la tolerancia que existe a la comisión de conductas ilegales, la que lamentablemente se fomenta muchas veces desde el propio seno familiar.

 

El problema de la inseguridad radica sin duda en muchos factores, pero esencialmente se ubica en una grave carencia de ética en la propia ciudadanía. Es un problema estructural que no se va a resolver solamente con militares, policías y pistolas ni con más leyes por más severas, porque está íntimamente relacionado con la corrupción que aceptamos y propiciamos, con nuestra propensión a la transa, la ganancia rápida y con el menor esfuerzo, el admitir resignadamente nuestra falta de cultura y los graves rezagos educativos que nos lastran. La abulia por estar informados, por participar e involucrarnos en los asuntos públicos traza, sin lugar a dudas, una ruta sin salida para el estado de cosas actual.

 

La inseguridad debe combatirse con más inversión en la educación, con mayor integración familiar, con un ejercicio más activo de la ciudadanía y, sobre todo, con la autocrítica y reflexión de lo que como individuos y padres de familia hemos dejado de hacer. Ese es, por pueril que para algunos pueda parecer el asunto, uno de los más grandes pasivos que arrastramos y que nos asalta en estos aciagos días que vive Veracruz y nuestro país en su conjunto.

 

Insisto: sin atender el tema del impulso a una cultura de la legalidad en la sociedad y la erradicación de la corrupción y la impunidad por parte de quienes detentan el poder político, poco se puede hacer.

 

En una colectividad con una sociedad apática y desinformada, donde el cinismo de la clase gobernante ha roto todos los récords y la acumulación de fortunas al amparo del poder sin recibir castigo se toleran con arreglo a objetivos electorales, como sucede en Veracruz con todo y discursos flamígeros del “ni perdón ni olvido”, no hay forma de salir de la crisis de seguridad. La impunidad siempre será el caldo de cultivo de más conductas ilícitas y desde luego de más violencia criminal.

 

Ya lo ha señalado la politóloga Denise Dresser “En este país donde hay muchos escándalos, pero pocas sanciones, los errores, las fallas no son señales de catástrofe, sino de continuidad. La permanencia en el poder público de quienes transgreden las leyes es algo común. El verdadero reto está en comprender lo que significa para México un verdadero hasta aquí; significa que los intocables de México dejen de serlo”.

 

Mientras ello no ocurra, para nuestra desgracia, la violencia y las guerras del narcotráfico, las ejecuciones y la locura criminal seguirán instaladas entre nosotros.

 

 

jecesco@hotmail.com

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